Una de las opciones más conocidas en España para salvar situaciones financieras complicadas, como una insolvencia y una falta de liquidez, es el concurso de acreedores. Se trata de un procedimiento que tiene mucha acogida en situaciones de crisis, pero que siempre está de actualidad, sobre todo por la incertidumbre que rodea a todo el proceso.
Pero, ¿sabes lo que es exactamente un concurso de acreedores y para qué sirve? A continuación, te explicamos todos los detalles para que sepas exactamente en qué consiste este mecanismo legal para evitar la quiebra empresarial.
Un concurso de acreedores es un proceso legal que se pone en marcha cuando una empresa está en situación de quiebra técnica o suspensión de pagos. Su objetivo es garantizar la viabilidad de la empresa ante situaciones financieras adversas que podrían ponerla en riesgo, con un acuerdo de reestructuración de la deuda, en el que se establece un plan para que la empresa pague a sus acreedores de acuerdo a un calendario aceptable para todas las partes.
En España, el concurso de acreedores está regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. El concurso de acreedores es aplicable tanto a empresas como a autónomos, aunque son los primeros son los que forman el grueso de los procedimientos concursales en España. La solicitud de este concurso de acreedores la puede hacer tanto el deudor como uno o varios de los acreedores.
Existen dos tipos de concursos de acreedores en España:
● Solicitud voluntaria: cuando es realizada de manera voluntaria por el administrador de la sociedad. De hecho, la ley establece que, si un empresario individual o societario es consciente de una situación de insolvencia, debe solicitar el concurso de acreedores en el plazo máximo de dos meses.
● Solicitud forzosa, cuando es consecuencia de la petición de un acreedor o socio de la empresa. En este caso, un juez tramitará la solicitud de concurso de acreedores y decidirá si se aprueba o no.
Según el último informe sobre estadísticas concursales, elaborada por Registradores de España, en 2021 se llevaron a cabo 4.705 concursos de acreedores en España, la mayoría de los cuales fueron voluntarios. La empresa típica que entra en concurso de acreedores acumula una edad de 10 años, mientras que el 5% entra en concurso con 3 años o menos. En el extremo opuesto, el 5% de las sociedades concursadas tienen una longevidad de 34 años.
En cuanto a su distribución sectorial, la mayor parte de las empresas que entraron en concurso de acreedores en 2021 realizaban actividades de servicios no constructivos: un 66,5%. El resto se compone de sociedades vinculadas a la construcción (un 20,8%) y a la industria (un 11,6%), alcanzando el sector primario (agricultura y pesca) un 1,1%.
La Ley establece que, para solicitar un concurso de acreedores, la empresa debe estar en una situación de insolvencia tal que le impida afrontar sus obligaciones con regularidad. Para ello, se diferencia entre lo que puede calificarse como una situación temporal y otra que pueda poner en viabilidad la empresa.
En este sentido, la empresa debe estar en verdaderas dificultades económicas que prevén su quiebra, y que, para evitarla, tenga que pasar por ese procedimiento concursal para que los acreedores vean satisfechas en mayor o menor medida sus deudas y, así, la actividad de los trabajadores no se vea extinguida.
En todo concurso de acreedores, existen varias fases:
1. Actos anteriores a la declaración del concurso de acreedores, que son todas las acciones que se desarrollan antes de la admisión a trámite por auto judicial.
2. Fase común, que abarca desde la admisión a trámite del concurso de acreedores hasta que se entrega el informe concursal. El punto de partida de esta fase es conocer la verdadera situación patrimonial del deudor y cuánto debe a sus acreedores. Desde el punto de vista legal, consiste en determinar la masa activa y la masa pasiva del concurso de acreedores.
3. Fase de resolución, que es la fase posterior a la fase común. La ley prevé dos resoluciones posibles para el concurso de acreedores: convenio o liquidación. El convenio constituye un acuerdo entre el deudor y los acreedores que evita la liquidación del patrimonio y permite el mantenimiento de la actividad de la empresa. La liquidación, por su parte, consiste en vender los activos de la empresa para saldar parte de las deudas pendientes.
4. Determinación de la responsabilidad. En un concurso de acreedores declarado como culpable es aquel en el que el estado de insolvencia o su agravamiento, son causados por dolo o culpa grave del deudor concursado, y será el administrador el que deberá responder y asumir la responsabilidad.
Aunque el objetivo del concurso de acreedores es, en principio, refinanciar las deudas para evitar el cierre de la empresa, la realidad es bien diferente. El 90% de los procesos concursales acaba en liquidación, y cerca de un 70% concluye porque no hay activos que liquidar y pagar a los acreedores societarios.
En caso de que no se pueda llegar a un acuerdo, la empresa entra en la fase de liquidación. En este momento, el empresario o autónomo cede todos los bienes necesarios para saldar la totalidad de las deudas o la mayor parte posible de ellas a sus acreedores. En otras palabras, el empresario paga parte o la totalidad de las deudas con sus activos.
Las operaciones de liquidación se realizarán con arreglo a un procedimiento de liquidación previamente pactado. El administrador concursal establecerá el orden de pagos a acreedores siguiendo la normativa legal, que divide las deudas en privilegiadas, ordinarias, subordinadas y créditos contra la masa.
